Tribunal impide a transportistas verificar estatus migratorio de pasajeros
Un tribunal federal declaró inconstitucional exigir documentos migratorios en transporte de pasajeros y ordenó al INM garantizar acceso libre y sin discriminación en todo México.
El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió que las empresas de transporte no pueden revisar el estatus migratorio de los pasajeros ni negarles el servicio, al considerar esta práctica discriminatoria e inconstitucional.
Fallo judicial prohíbe revisión migratoria en transporte
El tribunal determinó que las líneas de autobuses y empresas de transporte turístico carecen de facultades legales para solicitar documentos migratorios a los usuarios. La resolución invalida la política aplicada por el Instituto Nacional de Migración (INM) entre 2019 y 2021, que obligaba a los pasajeros a presentar identificación para adquirir boletos.
Los magistrados concluyeron que exigir el estatus migratorio constituye un acto de discriminación por nacionalidad y vulnera el Artículo 1° de la Constitución, el cual prohíbe cualquier tipo de trato discriminatorio.
Amparo impulsado por organizaciones de derechos humanos
El fallo deriva de un amparo en revisión promovido por la Clínica de Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). Ambas organizaciones argumentaron que estas medidas afectaban directamente a personas en movilidad, especialmente a grupos vulnerables.
INM deberá garantizar acceso libre al transporte
Como parte de la resolución, el tribunal ordenó al INM diseñar y difundir una estrategia que deje claro que cualquier persona puede comprar boletos en centrales camioneras sin identificarse ni comprobar su situación migratoria.
También deberá implementar acciones informativas dirigidas a personas migrantes, con enfoque en género, infancia y grupos etarios, así como realizar visitas de verificación en terminales para asegurar el cumplimiento de la medida.
Riesgos de políticas restrictivas, advierten organizaciones
El IMUMI advirtió que este tipo de políticas restrictivas fomentaban el tráfico de personas y ponían en riesgo la vida, dignidad e integridad de migrantes, al obligarlos a recurrir a rutas clandestinas.
En un comunicado, la organización destacó que la resolución envía un mensaje claro: la movilidad humana no es un delito y la política migratoria debe respetar los derechos fundamentales.
Impacto en derechos y movilidad en México
Con este fallo, se sientan precedentes para garantizar el derecho al libre tránsito en el país y evitar prácticas que criminalicen a personas migrantes en su desplazamiento dentro del territorio nacional.
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