Sentencian en EE.UU a mujer que operaba en PN en red de tráfico de migrantes
Mónica Hernández Palma, de 34 años, formaba parte de una red criminal transnacional que operó entre noviembre de 2020 y 2023.
Una mujer mexicana que operaba en Piedras Negras, Coahuila, fue sentenciada en Estados Unidos a 41 meses de prisión por su participación en una organización internacional dedicada al tráfico de migrantes que introdujo ilegalmente a miles de personas hacia territorio estadounidense, informaron autoridades federales.
De acuerdo con documentos judiciales, Mónica Hernández Palma, de 34 años, formaba parte de una red criminal transnacional que operó entre noviembre de 2020 y marzo de 2023, encargada de trasladar de manera clandestina a migrantes desde México hacia Estados Unidos, principalmente cruzándolos por el río Bravo.
Las investigaciones establecen que Hernández Palma operaba una casa de seguridad en Piedras Negras, la cual era utilizada para ocultar, concentrar y movilizar a las personas migrantes antes de ser cruzadas ilegalmente. Este inmueble funcionaba como punto estratégico dentro de la ruta del tráfico de personas hacia la frontera sur de Estados Unidos.
La estructura criminal no solo operaba en Coahuila, sino que también contaba con al menos otro inmueble en Monterrey, Nuevo León, desde donde se coordinaban parte de las operaciones logísticas del traslado de migrantes y la comunicación con los encargados del cruce.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la mujer colaboraba directamente con Enil Edil Mejía Zúñiga, un traficante radicado en San Antonio, Texas, quien presuntamente encabezaba la logística del traslado de migrantes provenientes de distintos países de Sudamérica y otras regiones hacia Estados Unidos.
Dentro de sus funciones, Hernández Palma también se encargaba de pagar a “coyotes” armados, conductores y responsables de casas de seguridad, quienes participaban en el traslado y resguardo de los migrantes durante el trayecto clandestino.
La red criminal traficó personas originarias de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador, entre otros países, lo que refleja el alcance internacional de la organización desmantelada por las autoridades.
De acuerdo con los cálculos de las investigaciones, la organización logró introducir ilegalmente entre 2 mil 500 y 3 mil migrantes en un periodo de aproximadamente dos años, generando ganancias estimadas entre 16 y 30 millones de dólares.
Cada migrante pagaba entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por el cruce ilegal, dependiendo de la ruta, el país de origen y los riesgos del traslado, lo que convertía a la red en una de las estructuras de tráfico de personas con importantes ingresos económicos en la región fronteriza.
Las autoridades estadounidenses también informaron que Mejía Zúñiga, identificado como uno de los principales líderes de la red, fue condenado previamente a 10 años de prisión en julio de 2025 por su participación en estas operaciones ilícitas.
Por su parte, Hernández Palma se declaró culpable de conspiración y de facilitar el ingreso ilegal de extranjeros a Estados Unidos a cambio de beneficios económicos derivados de esta actividad criminal.
La investigación fue encabezada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Del Río, Texas, con apoyo de la Patrulla Fronteriza, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y autoridades mexicanas, quienes colaboraron en las labores de seguimiento, captura y extradición de la acusada.
Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaron que este caso forma parte de los esfuerzos continuos para desmantelar organizaciones de tráfico humano que operan en la frontera y que se benefician económicamente del traslado ilegal de migrantes, poniendo en riesgo la vida de miles de personas.
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