FGR logra extinción de dominio de residencia ligada a Emilio Lozoya

La FGR obtuvo la extinción de dominio de una residencia de Emilio Lozoya en CDMX, vinculada a recursos ilícitos relacionados con el caso Agronitrogenados.
La Fiscalía General de la República logró que un tribunal federal declarara procedente la extinción de dominio de una residencia propiedad de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, al considerar que fue adquirida con recursos de procedencia ilícita relacionados con la compra de la planta Agronitrogenados.
Tribunal revoca fallo previo sobre propiedad de Emilio Lozoya
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el procedimiento legal comenzó en 2021, cuando presentó la demanda de extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Inicialmente, la demanda fue declarada improcedente por la jueza segunda de distrito en la materia. Sin embargo, la dependencia interpuso un recurso de apelación que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, instancia que revocó la sentencia previa y declaró procedente la acción legal.
De acuerdo con las autoridades, la residencia fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, vinculados a la venta con sobreprecio de la planta Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México.
¿Qué es la extinción de dominio?
Según información oficial, la extinción de dominio es un mecanismo legal utilizado para afectar el patrimonio obtenido mediante actividades ilícitas y debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales.
Este procedimiento permite que bienes relacionados con hechos ilícitos pasen a favor del Estado para fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
La medida puede aplicarse contra personas físicas y jurídico-colectivas involucradas en conductas previstas en el Artículo 22 Constitucional y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Caso Agronitrogenados sigue generando consecuencias legales
El caso Agronitrogenados ha sido uno de los expedientes más relevantes relacionados con presuntos actos de corrupción durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex.
La resolución judicial representa un nuevo avance en las acciones emprendidas por la FGR para recuperar bienes presuntamente vinculados con operaciones irregulares y recursos ilícitos.
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