El otro huachicol que crece en la 4T

El gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a enfrentar una contradicción cada vez más evidente en el mercado del gas LP, pues mientras mantiene topes de precios y acuerdos políticos con el sector formal, el llamado “huachigas” gana terreno en regiones completas del país y exhibe uno de los problemas menos atendidos dentro de la estrategia de seguridad y energía.

La narrativa oficial sobre el combate al robo de combustibles ha estado históricamente concentrada en las gasolinas y el diésel, aunque el negocio criminal migró desde hace tiempo hacia un mercado menos visible, pero, en algunos territorios, igual o más rentable. El gas LP tiene una ventaja para las organizaciones delictivas, ya que es un producto de consumo masivo en México. Más de siete de cada 10 hogares lo utilizan diariamente para cocinar, calentar agua o abastecer pequeños negocios.

Datos de Pemex sistematizados por el observatorio ciudadano IGAVIM muestran que el robo de gas LP se disparó en los últimos años. Puebla volvió a colocarse como el principal foco rojo del país con 426 tomas clandestinas detectadas en ductos de gas LP durante 2024. En el primer semestre de 2025 acumulaba ya 218 perforaciones, equivalente a más de 40% del total nacional. Municipios como Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo y San Martín Texmelucan continúan operando como corredores plenamente identificados de extracción y distribución ilegal.

En el sector sostienen que el problema hace tiempo dejó de limitarse a las perforaciones en ductos. El “huachigas” evolucionó hacia una estructura mucho más sofisticada con pipas clonadas, facturas alteradas, permisos falsificados, códigos QR apócrifos, estaciones clandestinas de carburación y redes completas de distribución que operan a plena luz del día.

Empresarios gaseros aseguran que en algunas regiones de Puebla el combustible ilegal ya abastece hasta 30% del mercado, impulsado por precios imposibles de igualar para cualquier competidor formal. Mientras el kilo de gas legal ronda entre 18 y 20 pesos dependiendo de la zona, el producto ilícito puede ofrecerse hasta en 7 pesos o incluso menos. Y detrás de ese menor precio, además de evasión fiscal, hay grandes redes criminales.

Ahí comienza el verdadero dilema para el gobierno de Sheinbaum. Las empresas establecidas enfrentan controles de precios, regulaciones, verificaciones y márgenes cada vez más comprimidos. En tanto, el mercado ilegal opera casi sin restricciones. En la industria la molestia crece porque buena parte de las inspecciones terminan concentrándose en compañías formales, mientras las redes clandestinas siguen expandiéndose.

En los corredores de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y parte de Veracruz el fenómeno ya es visible incluso para quienes transitan diariamente por las carreteras. Operadores describen movimientos nocturnos de pipas que cargan combustible robado durante la madrugada y lo redistribuyen horas después hacia estaciones irregulares y puntos de venta clandestinos.

Las pérdidas anuales se estiman entre 143 y 300 millones de pesos en ventas por robo de producto y competencia desleal. Pemex también absorbe el golpe patrimonial. Cada tonelada sustraída representa pérdidas para la empresa que ahora encabeza Juan Carlos Carpio Fragoso.

En comparación con el huachicol tradicional, en ductos de petrolíferos Pemex registró 4 mil 882 tomas clandestinas entre enero y junio de 2025, equivalente a una perforación cada 53 minutos. Hidalgo concentró mil 247 tomas, más de una cuarta parte del total nacional. Para el primer trimestre de 2026, los reportes de IGAVIM ya ubicaban 2 mil 563 tomas clandestinas de hidrocarburos en el país. La diferencia es que el robo de gas LP crece sobre un mercado doméstico más atomizado y con mayor contacto directo con el consumidor final.

Así que una buena parte del mercado energético nacional está siendo abastecida por redes criminales, mientras el gobierno regula a los formales y busca topar los precios sin desmontar el negocio paralelo.

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