El final que Rocha Moya anticipó

Si bien se sabía cobijado por grupos criminales y protegido por su gran aliado político, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya sabía que tarde o temprano las cosas se iban a descomponer y que quedaría a merced del Cartel de Sinaloa o de Estados Unidos.

Un día de esos, durante una reunión con algunos de sus más cercanos —la cual presenciaron sus cuatro hijos—, el flamante gobernador de Sinaloa se sinceró y, con su acento norteño, alargando las vocales, soltó una frase que uno de los presentes no ha olvidado. “A mí si no me matan los Chapitos o el Mayo, voy a acabar como El Chapo, en una cárcel de Estados Unidos”, soltó.

La escena quedó grabada en la memoria de quienes compartían aquella comida de mariscos, callo de hacha y vino. No sonaba a una ocurrencia, sino a alguien que entendía perfectamente el ecosistema criminal y político al que había decidido ingresar desde tiempo atrás.

Hoy aquella frase se volvió premonitoria. El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso a Rocha Moya en el centro de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción política ligados a la facción de Los Chapitos. La acusación sostiene que integrantes de su círculo político y de seguridad habrían operado como estructura de protección institucional para el grupo criminal, a cambio de dinero, apoyo político y control territorial. Dos piezas centrales del expediente ya están en manos estadounidenses: el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega. Ambos aparecen como operadores de la red.

El expediente es devastador porque habla de colaboración con los criminales y de formar parte de una misma estructura. Rocha siempre intentó defenderse con el argumento del prejuicio sinaloense. “No soy narco”. “Nunca me llegaron a mí las tentaciones en ese sentido”. “Me quieren hacer narco a fuerza”, decía. Pero el problema dejó de ser retórico cuando el propio Ismael El Mayo Zambada lo colocó como parte de la estructura criminal del estado.

En una carta, Zambada aseguró que acudió a una reunión convocada para resolver un conflicto político entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén. Según su versión, ahí fue emboscado, secuestrado y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Hoy el proceso judicial en Estados Unidos confirma que Guzmán López admitió su papel en esa operación.

Rocha negó todo. Dijo que ni siquiera estaba en México. Pero el daño era irreversible, porque desde septiembre de 2024, tras la caída del Mayo y la fractura definitiva entre Los Chapitos y La Mayiza, Sinaloa se convirtió en un campo de guerra. Más de 2 mil 600 asesinatos acumulados hasta marzo de este año y más de mil 500 desapariciones, según recuentos periodísticos construidos con cifras oficiales y reportes de autoridades.

El costo económico también ha sido estratosférico. La violencia golpeó al comercio, al turismo, el consumo y la actividad productiva en Culiacán y otras ciudades del estado. Cierres de negocios, suspensión de clases, caída de la actividad nocturna, cancelaciones de eventos y una economía funcionando a medias durante meses. Sinaloa pasó de ser un estado de inversión y producción agroindustrial y turística a una entidad casi fantasma.

Rocha no llegó al gobierno como un político improvisado. Se trata de un hombre que escribió una novela sobre el origen del narcotráfico serrano llamada El Disimulo. Entendía las reglas y códigos del narco sinaloense. Quizá por eso aquella frase resultó tan perturbadora.

La mesa estaba servida. Los mariscos frescos. El callo de hacha, su favorito. Sus hijos escuchando. El gobernador se sentía en confianza. Y entonces pronunció lo que hoy, ya se sabe, no fue una bravata, sino una confesión. Que si no lo mataban los narcos, terminaría como El Chapo.

Posdata

La sentencia obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera, de Omar Reyes, en una corte civil de Miami para recuperar 578.5 millones de dólares vinculados al entramado financiero de Genaro García Luna representa uno de los golpes patrimoniales más relevantes contra la corrupción de alto nivel de las últimas décadas. Por el simbolismo del personaje y porque toca el corazón del esquema: el dinero. Durante años, el exsecretario de Seguridad fue el emblema de la degradación institucional del sexenio calderonista, pero ahora el foco está en la red empresarial y financiera de la que se benefició y movió fuera de México.

El caso también reivindica, al menos en este expediente, el papel de la UIF como instrumento de litigio financiero internacional. La institución, que en distintos momentos perdió credibilidad por su uso político y su escasa efectividad para recuperar activos, consigue una resolución con efectos concretos. La sentencia alcanza a los Weinberg, señalados como piezas clave del entramado empresarial ligado a García Luna. No es coincidencia que el litigio haya prosperado en Estados Unidos, donde el estándar probatorio y el seguimiento financiero suelen ser más rigurosos cuando se trata de estructuras transnacionales.

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