Cateo legal destapa error del Municipio en disputa por unidad deportiva

Sin embargo, el escenario cambió en semanas recientes, cuando el Ayuntamiento de Piedras Negras solicitó la posesión del sitio.

La intervención en el recinto de la unidad deportiva de Piedras Negras dejó al descubierto no solo un conflicto por la posesión del inmueble, sino también una actuación errática por parte del Ayuntamiento, que terminó siendo revertida por la vía judicial. Así lo expuso el fiscal Federico Fernández Montañez, quien defendió el actuar de la Fiscalía y cuestionó la forma en que el gobierno municipal intentó tomar control del espacio.

De acuerdo con el fiscal, el procedimiento realizado por la Fiscalía estuvo plenamente sustentado en la ley y en un mandato judicial, por lo que rechazó cualquier señalamiento de abuso de autoridad. Explicó que el origen del conflicto se remonta a septiembre de 2025, cuando el DIF estatal solicitó al INEDEC la posesión del inmueble, misma que fue concedida en octubre. Posteriormente, el espacio fue rehabilitado durante noviembre y comenzó a operar en diciembre para actividades del DIF.

Sin embargo, el escenario cambió en semanas recientes, cuando el Ayuntamiento de Piedras Negras solicitó la posesión del inmueble y, sin que existiera una resolución definitiva en su favor, intervino a través de su área jurídica para desalojar a quienes ya lo ocupaban. Esta acción, lejos de consolidarse, detonó un conflicto legal que escaló rápidamente.

Ante esta situación, un juez autorizó un cateo para permitir el ingreso al inmueble, diligencia que fue ejecutada por la Fiscalía bajo los lineamientos establecidos. Fernández Montañez fue enfático al señalar que este procedimiento no fue arbitrario, sino resultado de un mandato judicial que obligaba a la autoridad a intervenir para garantizar el orden.

El punto más crítico para el Municipio llegó 72 horas después, cuando el mismo órgano jurisdiccional resolvió restituir la posesión a quienes originalmente ocupaban el inmueble, dejando sin efecto la intervención promovida por el Ayuntamiento. Para el fiscal, esta resolución exhibe una falta de sustento legal en la actuación municipal, que intentó adelantarse a un proceso que debía resolverse en la vía civil.

En medio de la controversia, también surgieron versiones sobre la presunta presencia de menores durante el cateo, así como denuncias de personas lesionadas. No obstante, el fiscal desmintió estas acusaciones, asegurando que al momento de la diligencia no había menores en el lugar y que únicamente se encontraban adultos relacionados con la organización de un torneo deportivo.

El funcionario agregó que la Fiscalía no solo cumplió con ejecutar el cateo, sino también con acatar la orden posterior de restituir la posesión, lo que refuerza, dijo, su apego a la legalidad en todo momento. En contraste, la actuación del Municipio quedó en entredicho al no lograr sostener su intervención ante la autoridad judicial.

Este episodio deja ver una falta de coordinación entre niveles de gobierno y una actuación precipitada por parte del Ayuntamiento, que no solo derivó en un revés legal, sino que también generó confusión pública en torno a un espacio destinado a actividades comunitarias. La disputa continuará en tribunales, pero por ahora, el intento municipal por tomar el control del inmueble quedó evidenciado como un error.

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